El marco laboral no se toca

La tortuosa gestación del nuevo marco laboral está reproduciendo paso por paso la misma historia con la que venimos lidiando desde hace unos cuantos lustros: una legislación heredada en sus fundamentos básicos del férreo intervensionismo en los asuntos laborales y económicos de la era franquista y unos agentes sociales diametralmente enfrentados a la hora de mantener o intentar defenestrar esta pesada carga ideológica del pasado, a la que muchos analistas le atribuyen serias responsabilidades en la inoperancia de nuestro mercado laboral a la hora de dinamizar el empleo. Los pocos pasos dados en la dirección reformista parecen haber sido neutralizado con éxito por las presiones sindicales a pesar de las primeras reacciones adversas, más bien destinadas a frenar futuros intentos de reforma que a diagnosticar la situación.

El Congreso ha aprobado este jueves su dictamen sobre la nueva ley con los únicos votos a favor de los socialistas. Nadie más se ha atrevido a acompañar un texto al que se la han añadido algunas enmiendas con más voluntad que acierto, orientadas a tratar de objetivar algunos de los más complejos asuntos de las relaciones laborales, en particular el de las causas del despido.

No se puede decir que los cambios que introduce la nueva ley sean revolucionarios sino más bien modestos y muy alejados de las pretensiones de los sectores empresariales que vienen pregonando la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales, tratando sobre todo de sacar de las instancias judiciales el mayor número posible de conflictos laborales, a sabiendas de que las magistraturas de Trabajo, instancia en la que se escenifica el fallo judicial cuando hay diferencias irreconciliables en el seno de la empresa, son un mecanismo de casi sistemática convalidación de las posiciones sindicales.

Los cambios introducidos en la legislación actual, por pequeños que puedan parecer, han sido suficientemente llamativos para que los sindicatos se hayan anticipado a poner el grito en el cielo, rechazando el texto que ha sido aprobado hoy jueves con los únicos votos favorables de los diputados socialistas y la aquiescencia más o menos explícita de los diputados nacionalistas, que se han abstenido en la votación final. Esto significa que el texto sigue su curso con escasas modificaciones camino del Senado, de donde volverá para su aprobación definitiva en el Congreso.

Las enmiendas introducidas por los socialistas han dulcificado un poco algunas de las previsiones legales que se habían establecido inicialmente en la nueva ley atendiendo a las recomendaciones de algunos expertos en Derecho laboral y economistas de prestigio. No gustaron desde el primer momento en medios sindicales y siguen sin gustar ahora que han salido en el dictamen final algo suavizadas. La reacción oficial de las dos organizaciones sindicales mayoritarias deja bien a las claras que la aprobación de la nueva ley sigue siendo un motivo suficiente de discrepancias frente al Gobierno, que justifica el mantenimiento de la convocatoria de la huelga del próximo mes de septiembre.

Vistas las cosas, la conclusión que cabe formular es la de que para este viaje tan largo (una ley reformista esgrimida como gran argumento frente a los medios económicos internacionales como aval de la voluntad reformadora del Gobierno de Zapatero) no eran necesarios tantos equipajes, ya que la anticuada y poco competitiva legislación laboral vigente, que con razón algunos han calificado de auténtica máquina de fabricación de parados, va a seguir en la práctica como estaba. Es más, en algunos aspectos, la legislación abre nuevas puertas al intervensionismo sindical en las relaciones laborales, allí en donde hasta ahora se consideraba (empresas de tamaño pequeño) que empresarios y trabajadores tenían amplios márgenes de libertad para alcanzar acuerdos. Este pequeño reducto de libertad parece que también tiene los días contados.